Dos días después, alguien llamó a la puerta de mi departamento. Era Mateo, mi hermano menor. Tenía 20 años, grasa bajo las uñas y los ojos hinchados.
Me entregó un sobre.
«Solo conseguí 16,500 pesos».
«¿De dónde los sacaste?»
Bajó la mirada.
«Vendí las herramientas del abuelo Julián».
Sentí que algo se rompía dentro de mí. Aquella caja era el único legado que Mateo consideraba suyo. Soñaba con abrir un taller de restauración de autos y conservar el letrero de latón que nuestro abuelo había usado durante 40 años.
Mateo había vendido su futuro para intentar salvar el mío.
Encima del dinero colocó un boleto de lotería.
«Lo compré con lo que sobró. Tal vez la vida nos deba una».
A la mañana siguiente revisé los números tres veces.
Todos coincidían.
El premio era de 48,000,000 de pesos.
No grité. Tampoco llamé a mis padres. Pagué la cirugía y encargué a un despacho que administrara el premio mediante un fideicomiso bancario.
Después acudí con Rodrigo Castañeda, un abogado corporativo de Mexicali.
Puse frente a él el testamento de mi abuelo y varios documentos de la empresa familiar.
«Quiero saber qué hicieron mis padres con Desarrollos Aranda. Revise cada firma que aparece a mi nombre».
El testamento establecía que la empresa se repartiría por partes iguales entre Camila, Mateo y yo cuando el menor cumpliera 21 años. Mis padres solo eran administradores temporales.
Rodrigo llamó a un investigador. Tres minutos después activó el altavoz.
«Licenciado, el yate fue financiado con una línea de crédito de la empresa y garantizado con bienes del fideicomiso de los tres nietos».
Rodrigo me miró con el rostro endurecido.
«Valeria, esto podría ser administración fraudulenta».
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